Rosa María Palacios

Un blog de política independiente

23 Noviembre, 2017

El caso Villarán

Las últimas noticias sobre el financiamiento de la campaña del NO por la revocatoria de Susana Villarán, alcaldesa de Lima 2010 – 2014, no pueden ser peores para su situación procesal, aún en investigación preliminar. Su gestión esta siendo examinada dado que no sólo se le imputa recibir dinero de las constructoras Odebrecht y OAS para su campaña política. Lo grave es que, además – si se observa la linea de tiempo – las presuntas donaciones de ambas empresas son simultáneas a la aprobación del contrato de concesión Rutas de Lima y a la aprobación la adenda de Vía Parque Rímac (antes Linea Amarilla).

Los hechos reportados hoy y ayer por IDL Reporteros y El Comercio, y desde junio por La República presentan a dos testigos cuya cercanía a los eventos es innegable: Jorge Barata y Vladimir Garreta.

En diciembre del 2015 Barata declaró ante los fiscales brasileros que Odebrecht entregó 3 millones de dólares para la campaña del NO. Dos millones fueron para la empresa del publicista Vlademir Garreta, FX Comunicaciones, y uno se entrego en Lima “en especie” (efectivo). En su declaración Barata asegura que fue requerido directamente por el Gerente de la Municipalidad de Lima, Miguel Castro y llamado por la misma Susana Villarán para que se prestará el apoyo. FX Comunicaciones se encargó de contratar a Luis Favre y dirigir toda la campaña. Esto último fue corroborado por todos. Es decir, nadie niega la contratación de FX Comunicaciones. La diferencia esta en que la declaración de gastos de campaña reporta un pago de 436,000 soles, a distancia infinita de los tres millones de dólares, y un gasto total de poco más de 1,600,000 soles.

La declaración inicial de Barata en Brasil buscaba un acuerdo de colaboración con la fiscalía peruana. Esta sección fue parte de una larga pero incompleta delación de Barata mostrando su disposición a hablar. La fiscalía uso esta información para iniciar una investigación preliminar más no para lograr el acuerdo con Barata a quien se comenzó a procesar por varios delitos. Este hecho llevó a Barata a pedir a un juez en Brasil que lo exonere de seguir declarando sobre el Perú dado que la fiscalía peruana no respetaba la inmunidad concedida en Brasil. Su pedido fue otorgado para desgracia nuestra. Por ahora, sin acuerdo con Barata, ni ésta, ni ninguna otra declaración suya, puede ser ratificada en un juicio oral.

En simultáneo, la fiscalía, en busca de corroboración, logró que el publicista Vlademir Garreta se convirtiera en aspirante a colaborador eficaz desde hace un par de meses. Su testimonio publicado en El Comercio, ratifica lo dicho por Barata. Sin embargo, difiere en algunos puntos sustanciales. Garreta incorpora a OAS como actor atribuyéndole un millón de dolares de donación y a Odebrecht 2 millones.

Como he explicado en anteriores oportunidades recibir aportes de campaña contraviniendo la Ley de Partidos Políticos – es decir, sin respetar los topes, ni informar a la ONPE – es un acto ilícito sancionado de manera administrativa (multas, suspensión del financiamiento público) más no un delito. ¿Por qué? Porque no se encuentra tipificado en el Código Penal por decisión del Congreso.

Sin embargo, este caso es distinto. La linea del tiempo permite establecer que mientras el proceso de revocatoria fue convocado y fuimos a votar (octubre 2012 – marzo 2013) se superpone el proceso en que se presentó el proyecto Rutas de Lima para su aprobación por el Consejo de Lima como iniciativa privada, el plazo de 90 días para que se presentaran otros competidores (lo que no ocurrió) y la firma del contrato. Es decir, un contratista en un proyecto de 500 millones de dólares, negociaba con la Municipalidad mientras que era conminado a aportar a una causa política de interés de la Alcaldesa. Si esto es cierto – lo ha negado tanto Susana Villarán en facebook como Miguel Castro en entrevista a IDL Reporteros – la sospecha de cohecho pasivo impropio sería fundada. Es decir, no se puede dejar de establecer un relación causa – efecto (te doy – se aprueba el contrato) en la coincidencia de los plazos.

En el caso OAS, fue dentro del mismo plazo, febrero del 2013, que se firma la adenda que modifica el contrato. Esta modificación mejoró las condiciones sociales del proyecto (compensaciones por desocupación de vivienda, parque Rímac, atención de los Shipibos, etc,) pero alargó 10 años la concesión en compensación, para beneficio de OAS.

Noten que dice la ley penal.

Artículo 394 del Código Penal – Cohecho pasivo impropio (segundo párrafo):

El funcionario o servidor que solicita, directa o indirectamente, donativo, promesa o cualquier otra ventaja indebida para realizar un acto propio de su cargo o empleo, sin faltar a su obligación, o como consecuencia del ya realizado, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de cinco ni mayor de 8 años e inhabilitación….”

Traducción sencilla. Si Susana Villarán o Miguel Castro (funcionarios públicos en ejercicio) o ambos, solicitaron (como indica Barata y corrobora Garreta) un donativo, para realizar un acto propio de su cargo (firmar un contrato) se configura el delito. No importa cual es el destino final del donativo.

Hay mas que agregar. En los apuntes entregados por la secretaria de la División de Operaciones Estructuradas, Lucía Tavares, hay otra anotación respecto a Rutas de Lima. La fecha es de la semana del 29 al 3 de octubre del 2014, en plena campaña que tenía como favorito a Luis Castañeda Lossio, por 291,000 dólares. La misma secretaria aportó un correo en clave que hablaba de un pago de 500,00 dólares en las mismas fechas a través de Rutas de Lima. Estos hechos fueron reportados en mayo de este año y, aunque no han tenido mayor desarrollo, son necesarios recordar. ¿Para quien era ese dinero? ¿Para alguna candidatura? La alcaldesa, que perdió esa elección, lo negó en su momento.

Unas palabras finales. No acuso, ni condeno. Eso corresponde al fiscal y al juez. Sólo expongo los hechos. Para mi también es un hecho que hoy Susana Villarán vive en condiciones muy modestas, de extrema austeridad. No parece ser una persona que pueda alquiler un departamento en Madrid con vista a Casa de Campo. Siempre la he considerado un mujer honrada y podría apostar que no ha recibido para si misma un centavo. Pero, si su Gerente pactó, a sabiendas de ella o a aún a sus espaldas, los actos que le imputan Barata y Garreta, la responsabilidad penal le alcanzará. Será una pena, pero así debe ser la justicia. Igual para todos y ceñida a la ley.

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Responder a Soledad Cancelar respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *