Rosa María Palacios

Cuando cayó el gobierno de Alberto Fujimori – y las dudas se convirtieron en certezas – la sociedad y el Estado peruano hicieron un esfuerzo extraordinario para perseguir a los culpables, obtener sus condenas, incautar el dinero mal habido y resarcir al Estado por los daños. ¿Fue una operación exitosa? Diecisiete años después puede afirmarse que lo fue, dadas las enormes dificultades de partir de cero, con un gobierno que había infiltrado todos los poderes del Estado en un esquema corrupto. ¿Hubo errores? Siempre los hay. Algunos inocentes fueron perseguidos y algunos culpables escaparon de la justicia. Es inevitable. Pero aun con ese apunte negativo, ¿se aprendió de ese proceso? ¿se puede aplicar esa experiencia a los retos que nuevamente enfrenta el Perú?

Hoy 12 países enfrentan una confesión que pone la lucha anticorrupción en un nivel continental. Ya no es sólo un Estado cuyos funcionarios lo roban para enriquecerse. Hoy, un potente sector privado – las empresas constructoras brasileras – son el agente corruptor que desde fuera de los Estados lo infiltra y corrompe. La corrupción tiene muchas caras y ésta es la que asume hoy, cuando nuevamente las dudas y rumores se trastocan por certezas.

La confesión pública de Odebrecht – aún parcial, incompleta y sujeta a corroboración e investigación adicional – plantea dilemas a varios actores que parecen estar sumidos en el más absoluto desconcierto sobre sus propias responsabilidades, pasadas y futuras, frente al gigante brasilero con el que contrató no sólo el Estado sino las más grandes empresas del sector privado peruano y que también se asoció localmente con ellas en innumerables oportunidades muchas veces obligado por el propio Estado.

Hay desconcierto en el Ejecutivo que no plantea a través de sus procuradores las medidas necesarias para asegurar la incautación inmediata de los sobornos en las cuentas ya identificadas y la reparación civil que debería tener muchos ceros a la derecha para comenzar a ser un país serio. Administración judicial de las concesiones mal habidas, embargos, impedimento de salida, prisión preventiva. ¿Por qué no lo piden?  Pasan los días y es una vergüenza ver los éxitos que ya exhiben Colombia, Panamá y República Dominicana. ¿Y aquí? Desde el 22 de diciembre, hasta hoy, nada que no sean palabras y promesas.

¿Y el Ministerio Público? Otra entidad de desconcertadas gentes. Por ejemplo, el proceso al ex Presidente Toledo está resuelto ¡por Dios! ¿Qué están esperando para, al menos, un arresto domiciliario? Ese expediente ya está en trámite. Los nuevos hechos prueban que el dinero de Ecoteva es dinero de coimas. ¡Tienen hasta los números de las cuentas de Maiman! El locuaz ex Presidente y su gran amigo ahora están mudos. ¿Y la fiscalía no solicita nada al juez? ¿Circula Toledo libremente? ¿Tienen una idea del proceso de desmoralización social que esa incompetencia – ya no sé si dolosa – causa?  Recordemos que este es un Ministerio Público que ha “convenido” con el delincuente y no ha hecho ni siquiera la incautación de una computadora. El viaje del Fiscal de la Nación a Brasil para obtener el testimonio de Barata no ha producido más resultado que el del discurso de la colaboración. Blá, blá, blá y ninguno resultado.

¿Por qué los países vecinos tienen mejores resultados? Porque hay un compromiso de la sociedad y el Estado que aquí no se ve. ¿Ha dicho la Confiep siquiera un ¡ay!? Nada. Mudos. Porque la verdad es que, si bien no hay delito por hacer tratos con una empresa de mala reputación, todos prefirieron mirar al otro lado con tal de hacer el negocio y meterse la mano al bolsillo. El telón y la tramoya se han caído al piso – como en el 2000 – y nos encontramos, otra vez, con líderes empresariales frente a una audiencia que los mira con vergüenza. Nuevamente se ha tolerado, se ha sido complaciente y laxo con el que se rumoreaba corrupto. Otra vez lo mismo.

Se requiere, como se hizo el 2000, un parte aguas claro, que purgue y haga la profilaxis necesaria para limpiarnos de esta lacra centenaria. Medidas inmediatas y urgentes. ¿Con estas autoridades? Se está viendo que será muy difícil. No sé si son incompetentes o corruptas, pero no hay resultados. Por eso me uno al pedido de otros que han visto indispensable volver al esquema del 2000 para salir de este marasmo y desconcierto. Necesitamos una estructura ad hoc. Un Procurador ad hoc para el caso Lava Jato con equipo humano y recursos ilimitados para perseguir dineros y personas por el mundo entero y una estructura similar en el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Mientras tanto, aquí sólo hay murmullos y vergüenza pública que, como hemos visto por los años pasados desde el proceso fujimorista, dura poco y no produce escarmiento.

Columna publicada el domingo 15 de enero del 2016 en el diario La República.