Rosa María Palacios

Estimados colegas periodistas:

En los últimos días muchos de ustedes, y yo misma, nos hemos preocupado por la denuncia penal por revelación de secretos nacionales efectuada contra el equipo del  programa Panorama. Es verdad que el sello de «secreto» en un documento no es condición suficiente para evitar su difusión, con mayor razón si el sello encubre un delito. La prensa esta, sobre toda otra consideración, para fiscalizar el mal uso del poder y el dinero público y es en ese sentido, que el reportaje de Karina Novoa no podría ser cuestionado por ninguna autoridad.

Sin embargo, toda historia tiene más de un ángulo y ésta no es la excepción.

El reportaje denunciado se sostiene en un documento secreto con  la sustentación de gastos por 49,000 soles (ese es el monto total) por pago a colaboradores y otras atenciones en restaurantes durante el mes de noviembre del 2015 en el VRAEM.

Todo sistema de inteligencia humana, en campo, esta basada en información dada por terceros. No hay otra forma. Los informantes sólo son útiles si su identidad permanece en absoluto secreto. Si se hacen  conocidos como «soplones» les pasaran información falsa, en el mejor de los casos, o les meterán un tiro en la cabeza, en el peor de ellos.  Estos «colaboradores» se juegan pues la vida y el Estado sólo puede remunerarlos en secreto. Por eso se les paga en efectivo montos pequeños. que no pasan de 800 o 900 soles. Dejar huella, puede ser un error fatal. ¿Quién responderá por esas muertes?

Sin embargo, hay que rendir cuentas de alguna manera. La burocracia estatal así lo exige. ¿Cómo cumplir con esta exigencia sin poner en peligro la vida de los colaboradores? Pues, lo más probable es que se asignen falsas identidades. O si son verdaderas, interrogados sobre si son «los soplones del Ejército», pues todos lo negaran enfáticamente ante cámaras.  Esas son sus órdenes. Nadie será el suicida que lo reconozca.

Fuentes de defensa me indican que el reportaje de Karina Novoa, que interroga a personas a cara descubierta  preguntándoles si son colaboradores como se indica  en el documento secreto – todas negándolo – ha destruido todo el sistema de inteligencia vía información de terceros en la caliente zona del VRAEM. Así de simple. Al ponerlos en cámara, están fuera del sistema. Al ponchar nombres en el documento, lo mismo. Por cuestionar que restaurante se usa o como se gastan en secreto 49,000 soles, hoy no hay posibilidad de reconstruir un sistema de inteligencia vía colaboradores. El daño esta hecho en el VRAEM y costará tiempo volver al camino.

El reportaje insiste en que no se ha pagado lo que se dice se ha pagado a las personas señaladas en el documento. Por tanto hay un posible peculado. Un uso de los recursos del Estado para  fines no lícitos. ¿Es posible? Si lo es.  El problema ético es que no se tiene ninguna prueba de que esto sea cierto porque los testimonios recogidos tienen el vicio de origen ya explicado. Los interrogados, simplemente, por sobrevivencia, no pueden ser veraces. No pueden incumplir sus ordenes.

Entonces, ¿hay condiciones para hacer público un documento expresamente catalogado como «secreto» de acuerdo a ley? Porque para violar el mandato legal tienen que haber condiciones superiores de interés público que hagan ver, objetivamente, que el sello de secreto se uso sólo para encubrir un ilícito. Aquí creo que esta el dilema central. Si vas a exponer la vida de un colaborador al riesgo de su muerte, tiene que haber un fin superior que justifique esa exposición. Para ello tiene que haber certeza, no basta la sospecha, porque la vida es, en si misma, un fin superior.

Hay, además, otras consideraciones legales que no están en el discurso de los que abogan, como yo, por evitar una condena a las denunciadas.

Una demanda, puede ser «retirada» por desestimiento de quien la interpone. Esto sólo ocurre en la vía civil.

Una denuncia NO puede ser retirada. En la vía penal, los delitos se persiguen de oficio (salvo los de acción privada como las querellas por difamación) porque el Ministerio Público tiene el impulso de la acción penal. Es imposible jurídicamente que el Ministerio de Defensa retire su denuncia. No hay forma. Ese pedido, reiterado por varios periodistas, es de imposible cumplimiento. Lo que es posible es que el Ministerio Público, luego de la investigación, archive el caso.

¿Qué tiene que suceder para que se archive el caso? Que el Ministerio Público encuentre prueba de que el reportaje sirvió para la demostración de un ilícito penal oculto bajo el sello de «secreto». ¿Y cómo llegará el Ministerio Público a esa conclusión? Con la prueba que aporten los denunciados. Y ahí volvemos al problema central. La prueba son los testimonios y los testimonios no son veraces. Es un caso mucho mas complicado de lo que parece.

¿Qué pasaba si el Procurador del Ministerio de Defensa no denunciaba? Podían hacerse los desentendidos y dejar pasar el asunto mientras hacían su investigación interna, ¿verdad?. Pues hay un problema. Dado el daño causado, hay un delito que se imputa a las autoridades si no denuncian a los que causaron el daño. Es decir, si el Procurador del Ministerio de Defensa no denuncia con autorización del Ministro, se les denunciará a ambos por «omisión de denuncia». Quieran o no quieran, el Código Penal los obliga a denunciar. Lamentablemente, ese es nuestro sistema, que cómo ven, requiere urgente modificación.

Un par de consideraciones finales:

He trabajado varios años con Karina Novoa, una magnífica reportera cuando tiene una buena dirección. Pero Karina juega al límite y a veces, se excede por el entusiasmo de tener una primicia. Debe trabajar con un asesor legal al lado y muchas veces no lo hace. Un reportaje suyo me llevó dos años al Poder Judicial. No la querellaron a ella, sino a mi. Yo asumí, como corresponde a un directora, toda la responsabilidad y gane el litigio en tres instancias. No hice ningún escándalo por esto. Simplemente asumí, con mi propio abogado penalista mi defensa. Y gané. Si se puede.

Es pública la opinión que Roxana Cueva tiene sobre mi y los adjetivos peyorativos y difamatorios con los que me ha calificado. Ha dedicado 20 minutos de su programa a insultarme el año pasado. simplemente porque hice lo que vuelvo a hacer ahora. Explico la ley.  No contesto agravios personales, ni denuncio periodistas y detesto hacer periodismo de periodistas.  Pero si me gusta que se entienda la ley por un público amplio. Por ejemplo, meterse a tomar fotos a la ropa que esta embolsada en el closet de la esposa del Presidente me parece una violación a la intimidad, innecesaria y que excede los limites del derecho a la libertad de prensa. Del mismo modo, no encuentro donde esta el delito de lavado de activos en las libretas robadas a la misma señora, que puede ser muy mentirosa, pero ese no es el delito que se le imputó y por el cual se le condenó en los medios desde el primer día. ¿Merezco insultos por decir la verdad? No lo creo, pero lo cierto es que igual los recibo.

Sin embargo, nobleza obliga. Creo que la denuncia contra Roxana Cueva, Karina Novoa y «quienes resulten responsables» por violación del artículo 330 del Código Penal: «revelación de secretos nacionales», debe ser archivada en el Ministerio Público. Espero que tengan una magnífica defensa penal que las oriente rápidamente por donde he indicado y  que pueda demostrar que el limite a la libertad de expresión, impuesto en la Constitución para  el secreto de Estado, no se ha excedido y que en la ponderación de derechos se demuestre con certeza que los ilícitos encubiertos eran de mayor interés público que toda otra consideración.

Eso nada más, colegas. Se que detestan que haya estudiado derecho, pero no puedo evitarlo. Yo, por el contrario, lo considero una gran ventaja para hacer buen periodismo.

Saludos,

Rosa María